La aplicación de las normas contra la venta ambulante ilegal en las playas es una realidad en toda la costa de Santa Catarina, especialmente durante la temporada alta de verano. Ciudades como Florianópolis, Balneário Camboriú e Itapema registran con frecuencia operativos para frenar la venta ambulante no autorizada en la arena. Estas acciones, si bien necesarias desde la perspectiva del orden público, la legislación sanitaria y la organización de los espacios urbanos, ponen de manifiesto un complejo conflicto entre la aplicación de la ley y la necesidad de sustento de una parte de la población.
El principal motivo de la intervención de las autoridades es la salud pública. Los alimentos y bebidas expuestos al sol intenso, sin la refrigeración adecuada y, a menudo, manipulados en condiciones precarias, representan un riesgo real para los consumidores. La proliferación de bacterias puede causar intoxicaciones alimentarias y otros problemas de salud, transformando un momento de ocio en una situación peligrosa. Por lo tanto, la incautación de productos y la represión de la actividad ilegal tienen como objetivo proteger a los turistas y bañistas.
Es fundamental dejar claro que no hay ninguna defensa de la informalidad. El cumplimiento de la ley, las normas sanitarias y las normas de uso del espacio público es esencial. Sin embargo, es igualmente necesario considerar la otra cara de la moneda: las personas que dependen de la venta ambulante como única fuente de ingresos. Para muchas familias, la temporada de verano representa la oportunidad de asegurar una buena parte, o incluso la totalidad, de su sustento anual.
La represión pura y simple, sin alternativas estructuradas, tiende a empujar a estos trabajadores a una situación aún más frágil, marcada por la inseguridad jurídica, la exclusión y el conflicto permanente con las autoridades públicas. El resultado es un ciclo que se repite cada temporada, sin una solución definitiva.
El camino más eficaz y socialmente responsable no solo implica la aplicación de medidas punitivas, sino también la construcción de políticas públicas proactivas, claras y dialogadas. Los municipios de Santa Catarina podrían avanzar en la creación de modelos que regulen y organicen la actividad, como la concesión de licencias temporales, la definición de zonas específicas, la oferta de cursos de manipulación de alimentos y la implementación de puntos de venta estandarizados, seguros e higiénicos.
Iniciativas de este tipo no implican flexibilizar la ley, sino transformar un problema recurrente en una solución económica inclusiva, con reglas claras, una supervisión eficiente y la generación de ingresos formalizados.
Equilibrar la necesaria garantía de seguridad alimentaria, orden urbano y legalidad con la creación de oportunidades laborales dignas es el verdadero desafío para los municipios costeros de Santa Catarina. Construir puentes —mediante el diálogo, la planificación y la creatividad en las políticas públicas— puede garantizar playas más seguras para todos y, al mismo tiempo, integrar económicamente a quienes dependen del turismo para sobrevivir. Fuente Rafael Martini. Foto RicardoWolffenbuttel. Gerardo Grosso
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